POLÍTICAS DE IGUALDAD

PONENTE: ALAN F. CARRASCO DÁVILA

TEMATICA: POLÍTICAS SOCIOECONÓMICAS.

Los Gobiernos de nuestros países deben buscar una mayor libertad para todos, con una distribución de la riqueza y la cultura más equilibrada. Estar decididos a que el crecimiento económico llegue a todos los sectores de la sociedad para hacer un país más justo y solidario.

Todos los hombres y mujeres son titulares de una serie de derechos y deberes sociales y económicos que hagan posible su condición de ciudadanos, al margen de su origen, género y condición social.

El Estado.

Somos conocedores que la riqueza y el desarrollo económico de los países, crece a la par que sectores de su población se ven marginados y alejados de ese crecimiento y redistribución de la riqueza. El funcionamiento del mercado da lugar a una distribución de bienes y servicios que no es justa ni equitativa desde el punto de vista social.

El conjunto de administraciones deben poner en marcha políticas conjuntas para evitar que una de cada tres personas queden marginadas por falta de medios económicos, culturales y educativos. Progreso económico y desarrollo social deben ir indefectiblemente unidos, porque el derecho al desarrollo es un derecho social.

Debe ser el Estado quien, mediante las prestaciones sociales, compense las desigualdades generadas por la actividad económica, haciendo llegar recursos hacia los sectores mas desfavorecidos. El Estado no sólo debe "compensar" los resultados del mercado, sino que debe estimular la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, desarrollando medidas de acción positiva para evitar discriminación y desigualdad.

Las políticas de carácter social dirigidas a la reducción de las desigualdades deben continuar teniendo un lugar prioritario en las propuestas económicas. La universalización de niveles elevados de servicios públicos como: Sanidad, educación, vivienda, servicios sociales y culturales, contribuyen a reducir las desigualdades de origen social o territorial.

El Estado de Bienestar.

Es el Estado del Bienestar la forma institucional con la que las sociedades progresistas y solidarias han desarrollado los objetivos de compensación de rentas insuficientes, estimulando el principio de igualdad de oportunidades, de integración social y, en definitiva, asentando las libertades democráticas.

El Estado de Bienestar es el resultado de un sistema ético edificado sobre los valores de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social. Siendo un triunfo de las sociedades avanzadas. La financiación del Estado del Bienestar debe ser universal y progresiva. Todos los ciudadanos y ciudadanas deben contribuir al sostenimiento de los servicios del Bienestar, por eso los sistemas progresivos de tributación directa y universal son básicos en una política fiscal justa.

Dentro del conjunto de políticas sectoriales que componen el Estado de Bienestar hay algunas que han demostrado mayor eficacia redistributiva, como son:

-      Las políticas de pensiones, especialmente las de mínimos y no contributivas.

-      La red pública de servicios sociales.

-      Los gastos en la enseñanza.

-      Las prestaciones del Servicio Público de Salud.

-      Las ayudas directas para el acceso a la vivienda.

Estas políticas deberán seguir siendo el eje central de los Servicios de Bienestar.

El Sistema Público de Pensiones.

Nuestra gente mayor es merecedora del respeto y la gratitud de toda la sociedad, ha sido la protagonista principal en momentos muy difíciles de la historia de nuestro país, se debe ir acentuando el incremento de las pensiones contributivas más bajas, aumentando las pensiones asistenciales y universalizándolas,  favoreciendo notablemente la reducción de las desigualdades.

El cambio positivo, individual y socialmente, del aumento de personas mayores de 65 años, generará también una necesidad de aumentar los recursos en el sistema público de pensiones. Por eso la creación de empleo es una base fundamental de este sistema asentado en criterios de solidaridad.

Medidas como: clarificar las fuentes de financiación, capitalizar los superávits, el aumento en la proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones, así como el estímulo al retraso voluntario de la edad de jubilación, contribuirán sin duda a garantizar el futuro financiero del Sistema de Pensiones. Siempre deben quedar garantizadas las revalorizaciones anuales de las pensiones públicas en función de la evolución del índice de precios al consumo. Se debe apostar no sólo por mantener el valor adquisitivo de las pensiones, no renunciando a que los pensionistas, en especial los perceptores de las más bajas, puedan ver mejorado su valor adquisitivo, participando de las mejoras económicas del país.

El Sistema Nacional de Salud.

Es necesario un Sistema Nacional de Salud basado en las necesidades de la población y concebido como un servicio público, es decir, universal, equitativo y gratuito:

-      Universal, en el que todos los ciudadanos, por el hecho de serlo, tienen derecho a la protección de su salud y a las prestaciones de los servicios sanitarios.

-      Equitativo, que garantice la igualdad de acceso, incluyendo para áreas y grupos desfavorecidos, la discriminación positiva.

-      Gratuito, en el momento de su prestación, definiendo su financiación a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Mejorar la gestión de los recursos asistenciales en el marco de las Áreas de Salud, favoreciendo una utilización más racional e intensiva de los recursos existentes, incrementando su rendimiento y mejorando la calidad de la asistencia.  Delimitar claramente la Sanidad Pública de la asistencia privada. Por ello, hay que potenciar la dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios, manteniendo la estabilidad laboral de los trabajadores del sistema sanitario público.

Control del gasto farmacéutico a través de medidas como la no autorización del registro de medicamentos con eficacia no probada, utilización de genéricos, limitación de los gastos de promoción de los laboratorios, etc.

El Sistema Educativo.

Los sistemas educativos desempeñan funciones esenciales para la vida de los individuos y de las sociedades. La respuesta al empleo y a la competitividad de una sociedad moderna debe asentarse sobre la formación de sus gentes. Ha de dotarse de un sistema educativo público, que tenga claros los valores de progreso y propicie una formación científica y cultural moderna y de calidad. La definición de un proyecto político debe basarse en un modelo educativo justo y de calidad.

La Universidad siempre debe ser una prioridad, porque es llave de progreso cultural y científico, de desarrollo tecnológico y profesional, llave por tanto para la transformación social del país.

La Universidad deberá:

-      Adecuar su oferta a la demanda social y especialmente a la de los estudiantes, coordinando sus estudios con los nuevos ciclos formativos de la formación profesional.

-      Confeccionar un mapa de titulaciones en el que se de prioridad a aquellas que necesite para su pleno desarrollo.

-      Aplicar un sistema de becas y tasas que posibilite el acceso a la Universidad de todos los jóvenes que estén capacitados.

-      Fomentar los programas de investigación Universidad-Empresa, así como la formación permanente del profesorado y de los profesionales.

-      Recibir la asignación de recursos públicos suficientes que garantice una enseñanza de calidad y una gestión eficiente.

La Cultura.

La cultura, en estos momentos, está lejos de ser un instrumento útil a la sociedad, precisamente por su lejanía de ella: no es un motor para el desarrollo social, ligado a la educación o el empleo; no es un bien de disfrute colectivo, estimulante e innovador; tampoco es un elemento de cohesión social, integración, solidaridad y progreso; ni tan siquiera es una sólida industria, socialmente productiva.

Es necesario impulsar una política cultural diferente, al servicio del desarrollo global de nuestra Comunidad; una política cultural que impulse una acción concertada entre todos los niveles de  Gobierno, como paso previo a un auténtico pacto cultural en nuestra Comunidad. Nuestra opción ha de partir de cuatro principios básicos:

1º. La necesidad de formular objetivos comunes y solidarios para la sociedad aragonesa por parte de las instituciones y entidades públicas en el ámbito de la cultura, el arte y la ciencia.

2º. La exigencia de ejercer una auténtica voluntad de articular los diferentes ámbitos geográficos, demográficos, económicos y culturales de nuestra Comunidad.

3º. La obligación de potenciar los agentes culturales: asociaciones, empresas, colectivos, artistas, científicos e intelectuales.

4º. El deber de rentabilizar socialmente los recursos culturales institucionales, acordando un uso más racional y productivo.

La promoción del libro, básica en cualquier política de desarrollo cultural, debe fortalecer sus dos principales instrumentos: la Red de Bibliotecas y el fomento de la actividad editorial en nuestros países.

El Sistema Público de Servicios Sociales.

Es un instrumento necesario para promover la igualdad entre ciudadanos.

Consideramos los servicios sociales como sistema público de protección social, a través del cual se garantizan unas prestaciones básicas ante situaciones de necesidad. Se entienden las prestaciones como el conjunto de funciones técnicas, recursos económicos y de servicios, dirigidas a individuos, familias o colectivos, con fines preventivos, recuperadores o promocionales, que garantizan la cobertura de determinadas necesidades sociales. El conjunto de recursos técnicos, humanos y financieros, constituyen la Red Pública de Servicios Sociales.

Los principios de universalidad e igualdad en el ámbito de actuación de los servicios públicos, exigen que se garantice a todos los usuarios el ejercicio de sus derechos, sin discriminación por el lugar de residencia o cualquier otra circunstancia.

Responsabilidad Pública y Participación.

Sólo la responsabilidad pública es capaz de asegurar los derechos de los ciudadanos, garantizando la igualdad de trato para todos los usuarios y superando las pasadas concepciones graciables. Pero la responsabilidad pública no supone acaparar la iniciativa en la política social. Por el contrario, la participación del tejido asociativo, que debe ser tenida en cuenta en toda la política social, es imprescindible en los servicios sociales. Dicha participación es intrínseca a nuestra concepción de los servicios sociales.

No es posible avanzar en la configuración de un "Estado Social" sin la participación generosa de las entidades sociales. Es preciso, por tanto, potenciar el asociacionismo e impulsar el voluntariado, como expresión más solidaria y responsable de los ciudadanos en la mejora de la sociedad de la que forman parte.

La lucha contra las desigualdades no es patrimonio de nadie y que en ella deben confluir tanto las administraciones públicas como las organizaciones sociales. Pero entendemos que esa confluencia debe tener un referente común de manera que se consiga un aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles. Se necesita una referencia única que debe plasmarse en una planificación que aglutine todos los esfuerzos y que esté basada en el debate, la participación y el compromiso. No es posible ejercer una política coherente si, como sucede en la actualidad, no se planifica o se vulnera permanentemente lo establecido en los diferentes instrumentos de planificación.

Pacto Local.

Entendemos que el municipio es la unidad territorial básica de referencia, siendo los ayuntamientos los garantes públicos más inmediatos de las necesidades de sus vecinos. Pero las especiales condiciones geográficas y la distribución de la población que presentan infinidad de comunidades requiere, para la prestación de determinados servicios públicos, la existencia de entidades locales de nivel territorial supramunicipal. Es en el marco de las Comarcas y de las agrupaciones comarcales donde se deben desarrollar los Servicios Sociales Comunitarios para la prestación de determinados servicios sociales y para el establecimiento de los equipamientos que los sustenten.

Debe elaborarse  un mapa operativo de cobertura de la Red de Servicios Sociales Comunitarios. Así mismo, debe suscribirse con las entidades locales un Plan concertado que garantice el mantenimiento y la estabilidad de las estructuras prestadoras de servicios sociales comunitarios, así como el desarrollo de los programas y actuaciones para dar operatividad, con eficacia y eficiencia, a la gestión de las prestaciones básicas.

Proponemos un Pacto Local que aborde entre otros los siguientes aspectos:

-      Concretar los contenidos de los centros y servicios previstos originariamente en el Plan Concertado.

-      Reformular el pacto de financiación.

-      Acuerdos sobre gestión de servicios y equipamientos en el ámbito local.

-      Acuerdos efectivos de asistencia técnica.

La infancia y adolescencia.

Los Gobiernos, así como las Organizaciones No Gubernamentales, deben denunciar insistentemente las graves carencias que existen en el ámbito de la protección de los menores. Se considera que la situación de riesgo o desamparo de un menor debe ser abordada con diligencia desde la Administración competente y que no puede alegarse la escasez de recursos para justificar su inactividad.

Considerar que se debe dar prioridad a las acciones preventivas y al apoyo en el entorno del menor como mejor medida para evitar las situaciones de riesgo y el desamparo de los menores. considerando que la mayoría de las actuaciones de protección deben realizarse en el propio medio donde se desarrolla la vida del menor: barrio, municipio, familia, etc., lo que exige la potenciación de unos Servicios Sociales regionales y una organización descentralizada de las servicios de protección.

Cuando hablamos de infancia nos referimos también a la familia, señalando como mejor política de menores el fortalecer la capacidad de las familias para atender a sus hijos. Los niños y jóvenes tienen derecho a una protección que garantice su desarrollo integral como personas en el seno de una familia, preferiblemente con sus padres, en su defecto con su familia extensa, y en último caso con una familia ajena. Pero la protección es cosa de todos. La aplicación de los principios del Estado de Derecho a la protección de los menores nos ofrece una responsabilidad compartida y subsidiaria entre sus padres y los poderes públicos, como expresión de la responsabilidad colectiva.

La participación de instituciones y organizaciones no gubernamentales es conveniente y necesaria en el campo de los menores, si bien la Administración no puede delegar sus funciones en ellas en virtud de las carencias de recursos propios o de la improvisación; sino de acuerdo con una planificación regional que deberá tener en cuenta la naturaleza de las funciones a delegar o compartir, la responsabilidad pública y la obligatoriedad de garantizar un servicio a todos los ciudadanos, con la misma calidad y en igualdad de condiciones.

La Juventud.

La situación de los jóvenes, se caracteriza por la dificultad de inserción en el mundo laboral; y por tanto, su dificultad de acceso a la vivienda y emancipación del núcleo familiar. Por ello, una prioridad es el empleo, y en particular el de los jóvenes. Debemos de reducir el número de jóvenes parados. Para esta tarea, hay que poner en marcha instrumentos de política de empleo juvenil que combinen el empleo y la formación.

El acceso a la vivienda es otro de los problemas de los jóvenes. Se deben de impulsar políticas sociales de vivienda, tanto en régimen de alquiler como de propiedad. Debemos de fomentar las cooperativas de viviendas para jóvenes, implicar a los jóvenes en la rehabilitación de los casco urbanos, desarrollar un programa de construcción de viviendas en régimen de alquiler regulado, con opción a compra, y por debajo del precio del mercado, dirigido principalmente a parejas jóvenes ... Los jóvenes deben tener la oportunidad de acceder a una vivienda que nos permita nuestra independencia y emancipación, y como socialistas debemos de garantizarlo.

Los mayores.

La generalización de las pensiones y de la sanidad, han dado una nueva dimensión social a los ancianos. El aumento de la población de más edad presenta nuevos retos de atención y solidaridad hacia un colectivo que pasa de ser productor a ser receptor del apoyo social. Ahora se vive más, por lo que se multiplican los estados de fragilidad, semidependencia y dependencia de las personas mayores, especialmente ligado al fenómeno del sobreenvejecimiento.

La oferta de centros y servicios específicos para la tercera edad es escasa y no preparada para el notable e inmediato crecimiento de la población mayor. Los principios que deben regir la atención y los servicios a los mayores son:

-      Impulso de una política de integración, apoyando el mantenimiento de las personas mayores en su comunidad, familia y pueblo, mediante programas de ayuda a domicilio, teleasistencia y apoyo para rehabilitación o adaptación de la vivienda.

-      Impulsar la coordinación sociosanitaria para que la atención social se complemente y coordine con la atención primaria de salud.

-      Impulsar la atención diurna a las personas mayores dependientes, lo que evitaría la ocupación innecesaria de plazas en residencias u hospitales.

-      Potenciar los alojamientos alternativos, en especial para las personas dependientes.

-      Impulsar la promoción sociocultural, el asociacionismo y la participación social de las personas mayores, actividades de ocio y tiempo libre, de voluntariado y de actividades culturales.

Los discapacitados.

Un porcentaje importante de personas con capacidades diferentes encuentran obstáculos para subir a un autobús urbano o en su lugar de estudios o trabajo. El paro les afecta el triple que al resto de la población. Los que trabajan, perciben unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Socialmente, dominan los falsos prejuicios: Muchas personas no aceptan en la práctica a los disminuidos físicos por desconocimiento del problema.

Se deben desarrollar programas específicos de información y orientación, capacitación y entrenamiento. Así proponemos:

-      Garantizar la escolarización de los niños disminuidos físicos, en escuelas ordinarias y en contacto con niños sin discapacidad, para favorecer el desarrollo personal de ambos.

-      Potenciar la educación de adultos para corregir las carencias educativas anteriores.

-      Hacer las ciudades accesibles a las personas con movilidad reducida. Para el control y seguimiento de la ley de supresión de barreras arquitectónicas, las instituciones públicas deberán tener en cuenta las necesidades de las personas con minusvalías y consultar a sus organizaciones durante los planes de renovación urbana.

-      Favorecer una integración profesional tan completa como sea posible, en el medio ordinario de trabajo. Para garantizar el acceso de las personas discapacitadas al mercado de trabajo se deberán adoptar medidas que eviten la discriminación, sensibilizando a los empresarios y al resto de los trabajadores.

-      Promover que las personas con minusvalías puedan vivir de manera autónoma en alojamientos ordinarios accesibles a sus condiciones personales. En casos especiales, se ofertarán otras alternativas como estancias breves, familias de acogida, servicio de ayuda a domicilio, etc.

Los inmigrantes.

El trato con personas de otras culturas ha de intentar compatibilizar el respeto a la diversidad cultural con la capacidad de captar y valorar también los aspectos culturales comunes, que son tan valiosos, tan dignos y tan genuinos como los otros, los diferentes. Con el máximo respeto a la diversidad, creemos que se debe respetar también el derecho a compartir espacios comunes, en definitiva, el derecho a la interculturalidad.

Consideramos que se debe abordar este tema con una respuesta progresista que incida en lo siguiente:

-      Intensificar la inspección de trabajo para controlar las condiciones laborales de los inmigrantes

-      Fomentar el desarrollo y vertebración de las asociaciones de inmigrantes para que sean un instrumento válido de comunicación con las administraciones.

-      Movilizar a la sociedad contra el racismo y la xenofobia.

-      Promover cambios legislativos que avancen en el acceso de los inmigrantes a los derechos civiles.

-      Plantear en positivo la inmigración.

La mujer.

Observada con ojos de mujer nuestra sociedad actual se muestra como un conglomerado en el que conviven múltiples contradicciones. De un lado, modelos y estructuras sociales y familiares que resultan obsoletas e ineficaces para responder a las necesidades cotidianas de todos los ciudadanos y ciudadanas. De otro, emergen las nuevas realidades, fruto de profundos cambios sociales que caminan hacia una sociedad donde hombres y mujeres participen solidaria y paritariamente en todos los ámbitos sociales. Si queremos un futuro en igualdad para las mujeres, debemos impulsar un profundo cambio estructural que sólo puede lograrse a través de un cambio en las mentalidades de todos nosotros. Se trata de reconocer el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a participar en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la vida económica y social.

La maternidad sigue siendo uno de los factores determinantes de la realidad de las mujeres. La compatibilidad de la familia con el trabajo se realiza en estos momentos a costa de las propias mujeres, que se ven sobrecargadas y que muchas veces renuncian a su empleo o a su promoción profesional porque se encuentran solas para afrontar las responsabilidades que tradicionalmente se han considerado femeninas.

Por otra parte, la mujer como colectivo, soporta las tasas más altas de desempleo, también sostiene los mayores índices de precarización, y aún más, si analizamos aquellas situaciones en las que se da una igualdad aparente, vemos como la desigualdad subsiste apoyada en sutiles mecanismos de discriminación indirecta. La incorrecta valoración de los puestos de trabajo, los mecanismos de acceso al empleo y a la promoción interna, etc., son algunos de los aspectos que deben ser transformados promoviendo los instrumentos que ya existen como la negociación colectiva, y dotando de estructuras nuevas, como los agentes de igualdad, cuyo objetivo sería una organización del trabajo que permita avanzar hacia la igualdad.